La democracia uruguaya enfrenta una deuda histórica: reconocer constitucionalmente la diversidad étnica y cultural de la nación para transformar la igualdad formal en igualdad real.

La hora de dar el paso constitucional

Uruguay ha avanzado. Las leyes existen, las estadísticas confirman las desigualdades y las instituciones han comenzado a incorporar la dimensión étnico-racial en sus políticas. Sin embargo, el país continúa sosteniendo una paradoja democrática: reconoce las consecuencias del racismo, pero aún no reconoce plenamente en su Constitución a los pueblos y culturas que han sido históricamente afectados por él.

La pregunta ya no es si existen evidencias suficientes para justificar este debate. Las evidencias están sobre la mesa. La pregunta es si existe la voluntad política necesaria para transformar el reconocimiento parcial en reconocimiento pleno.

La Constitución no debe limitarse a reflejar el país que fue; debe orientar el país que aspira a ser. Y el Uruguay del siglo XXI difícilmente pueda proyectarse como una democracia avanzada mientras continúe sosteniendo una narrativa nacional que invisibiliza parte de su propia historia y de sus protagonistas.

Reconocer constitucionalmente el carácter multicultural y pluriétnico de la República no constituye una concesión a minorías ni un gesto simbólico. Es un acto de justicia democrática. Es reconocer que la construcción nacional fue obra de múltiples pueblos y culturas y que la ciudadanía moderna exige igualdad de derechos, pero también igualdad de reconocimiento.

La verdadera fortaleza de una nación no reside en negar sus diferencias, sino en integrarlas en un proyecto común de futuro.

Por ello, el desafío que tiene por delante el sistema político uruguayo —y particularmente las fuerzas comprometidas con la justicia social y la igualdad— es pasar de las declaraciones a las transformaciones, de las políticas reparadoras a las reformas estructurales y del reconocimiento legal al reconocimiento constitucional.

Porque las leyes pueden corregir desigualdades. Las políticas públicas pueden reducir brechas. Pero solo una Constitución que reconozca plenamente la diversidad de su pueblo podrá convertirse en el fundamento de una democracia verdaderamente inclusiva.

El desafío no es solamente reformar un texto constitucional. El desafío es completar el pacto democrático de la República.

Y quizás la pregunta que la sociedad uruguaya debe responder no sea si está preparada para reconocerse multicultural, sino cuánto tiempo más puede postergar ese reconocimiento sin afectar la calidad y profundidad de su democracia.

La igualdad sin reconocimiento es una promesa incompleta. La democracia sin multiculturalidad reconocida es una tarea inconclusa.

Ha llegado la hora de abrir ese debate.

Ha llegado la hora de que la Constitución reconozca al Uruguay real.

Ha llegado la hora de completar la nación.

Romero Jorge Rodríguez Durán Fundador de Mundo Afro – Asesor Institucional Aporte al II Foro de Pensamiento de la Comisión Antirracista del Frente Amplio.