Tecnocracia, memoria política y disputa por la conducción de la agenda afrodescendiente en Uruguay

El nuevo proceso impulsado por el Estado uruguayo alrededor del llamado Plan Nacional de Equidad Racial 2025–2030 vuelve a colocar sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria: ¿quién conduce políticamente la agenda afrodescendiente en Uruguay?

La pregunta no es menor. Y mucho menos inocente.

Porque detrás del lenguaje institucional —participación, territorialidad, transversalización, gobernanza, diálogo multiactoral— aparece un fenómeno silencioso que atraviesa gran parte de América Latina: el desplazamiento progresivo de las organizaciones históricas negras por dispositivos técnicos, burocráticos y académicos que terminan administrando el conflicto racial sin necesariamente transformarlo.

Eso es lo que surge, al menos hasta ahora, de la documentación pública visible vinculada al proyecto que articula el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), cooperación internacional y actores académicos. Allí predominan organismos estatales, consultorías técnicas, universidades, gobiernos departamentales y agencias de cooperación. Sin embargo, no aparece claramente ubicada en el centro de la conducción una organización histórica como Mundo Afro.

Y políticamente eso es significativo.

Porque no estamos hablando de una organización secundaria ni reciente. Estamos hablando de una estructura que fue protagonista central en la construcción de la agenda afro uruguaya contemporánea: desde las luchas vinculadas a la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban hasta la denuncia de los desplazamientos de Barrio Sur y Palermo; desde la internacionalización de la causa afrodescendiente hasta la incidencia en la Ley 19.122 y las políticas de acciones afirmativas.

Por eso la ausencia no puede leerse simplemente como un detalle administrativo.

La pregunta de fondo es otra: ¿estamos asistiendo a una tecnocratización de la agenda afrodescendiente?

La gestión sustituye a la política

Uno de los fenómenos más visibles en los últimos años es que la cuestión racial comienza a desplazarse desde la construcción política colectiva hacia la administración técnica del problema.

La política afro pasa lentamente de las organizaciones sociales hacia:

consultorías;

especialistas;

dispositivos estadísticos;

mesas interinstitucionales;

indicadores de cumplimiento;

proyectos financiados por cooperación internacional.

En apariencia esto parece un avance. Y en algunos aspectos lo es. Existen más diagnósticos, más datos, más oficinas, más lenguaje institucional.

Pero también aparece un riesgo profundo: que la “gestión del tema afro” termine sustituyendo la construcción de poder afro.

Ahí es donde el racismo puede colarse de manera sofisticada.

No como negación explícita. No como insulto abierto. No como discriminación visible.

Sino como sustitución política.

El movimiento negro deja de ser sujeto conductor y pasa a transformarse en objeto de políticas administradas por otros.

Ese desplazamiento es extremadamente importante porque modifica quién define:

las prioridades;

el presupuesto;

los enfoques;

los tiempos;

los diagnósticos;

las formas de representación.

En otras palabras: modifica quién tiene el poder.

Participación no es conducción

El Estado contemporáneo aprendió algo muy bien: escuchar no necesariamente implica compartir poder.

Por eso muchas veces aparecen:

talleres participativos;

consultas territoriales;

mesas de diálogo;

procesos de escucha;

encuentros académicos.

Todo eso puede existir. Pero una cosa es participar consultivamente y otra muy distinta es conducir políticamente.

La diferencia es enorme.

Conducir significa:

definir prioridades estratégicas;

administrar recursos;

ejecutar programas;

construir narrativa pública;

representar históricamente un conflicto.

Y allí parece emerger una concentración más tecnocrática e institucional.

El problema no es la academia ni la técnica en sí mismas. El problema aparece cuando la experticia reemplaza a la memoria histórica de lucha.

Porque el racismo no es solamente un problema técnico. Es un conflicto de poder.

El Estado absorbe el lenguaje del movimiento

En América Latina existe un patrón repetido.

Primero el movimiento social confronta. Luego el Estado incorpora parte del discurso. Después institucionaliza el lenguaje. Finalmente aparecen expertos administrando la agenda.

Es un proceso clásico de absorción institucional.

La palabra “afrodescendiente”, que hace treinta años era marginalizada, hoy aparece en documentos oficiales, indicadores y proyectos internacionales. Lo mismo ocurre con términos como:

interseccionalidad;

transversalización;

diversidad;

enfoque territorial;

inclusión.

Pero la pregunta es inevitable: ¿el sistema cambió realmente o simplemente aprendió a hablar un nuevo idioma?

Porque muchas veces la institucionalización genera una paradoja: el conflicto racial se vuelve visible administrativamente, pero menos transformador políticamente.

El racismo se vuelve gestionable.

Y ahí surge una contradicción profunda: las organizaciones que abrieron el conflicto histórico terminan perdiendo centralidad precisamente cuando la agenda se vuelve financiable, profesionalizable y estatal.

Cooperación internacional y agenda administrada

Otro punto central es el papel de la cooperación internacional.

Cuando proyectos estratégicos dependen de organismos como:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo;

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional;

la lógica de funcionamiento suele priorizar:

gobernanza;

planificación;

indicadores;

monitoreo;

transversalidad;

fortalecimiento institucional.

Eso no necesariamente es negativo. Pero sí condiciona el tipo de política que emerge.

Porque muchas veces los proyectos financiados privilegian estabilidad institucional antes que conflicto político.

Y el movimiento afro históricamente nació precisamente del conflicto:

denunciando exclusión;

cuestionando estructuras;

interpelando al Estado;

enfrentando el racismo estructural.

Cuando la agenda se vuelve excesivamente técnica, existe el riesgo de despolitizar el problema racial.

El racismo deja de ser entendido como estructura histórica de dominación y pasa a transformarse en un conjunto de indicadores sociales administrables.

La disputa generacional y la legitimidad

También existe otra tensión más compleja: el cambio generacional.

Hoy aparecen nuevos actores:

académicos;

gestores;

consultores;

burócratas especializados;

profesionales del enfoque étnico-racial.

Muchos de ellos incluso formados gracias a las luchas impulsadas por organizaciones históricas.

Sin embargo, la institucionalización produce nuevas legitimidades.

Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿quién representa políticamente hoy la agenda afrodescendiente en Uruguay?

Porque no es lo mismo:

representar técnicamente; que

representar históricamente.

La diferencia es central.

Un informe puede tener excelencia metodológica y al mismo tiempo carecer de densidad política. Una política pública puede tener indicadores impecables y no transformar relaciones de poder.

Ahí aparece el núcleo del problema.

¿Dónde se cuela el racismo?

El racismo contemporáneo no siempre actúa excluyendo brutalmente.

A veces actúa sustituyendo. Administrando. Neutralizando. Desplazando.

Se cuela cuando:

la memoria de lucha pierde centralidad;

la representación histórica es reemplazada por experticia técnica;

las organizaciones sociales pasan a ser actores periféricos;

la política racial se convierte en gestión administrativa;

el conflicto se transforma en protocolo.

Y entonces emerge una paradoja profundamente latinoamericana: el Estado reconoce discursivamente la desigualdad racial mientras limita la conducción política autónoma de quienes históricamente enfrentaron esa desigualdad.

Por eso la ausencia visible de Mundo Afro en el centro del diseño político no es solamente una discusión institucional.

Es una discusión sobre poder, memoria y legitimidad histórica.

Porque la gran pregunta sigue abierta:

¿Uruguay está construyendo una política afrodescendiente con participación social real o una administración tecnocrática del problema racial?

Y la respuesta a esa pregunta definirá mucho más que un plan quinquenal.

Definirá quién tiene derecho a narrar, conducir y transformar la historia política afrodescendiente del país.

Romero Jorge Rodriguez.

Mayo -montevideo. 2026